Memoria 2014

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Inclusión de buenas prácticas de Responsabilidad Social

G4-LA 14

La Plataforma de Logística Sanitaria, a través del Sistema de Calidad establecido en la Subdirección de Contratación Administrativa, define, entre otras, la necesidad de acatamiento por parte de la empresa contratante del marco legal vigente y específicamente:

“No haber incurrido en delitos contra los derechos de los trabajadores o por delitos relativos al mercado y a los consumidores”

En el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se recogen las premisas que rigen en las relaciones con los proveedores a través de los cauces formales de la contratación administrativa. Se destacan a continuación algunas de ellas que tienen relevancia en cuestiones de impacto social y medioambiental.

Al aspecto ya comentado se suma la premisa de no haber incurrido en infracciones graves en materia de integración laboral y de igualdad de oportunidades, de no discriminación de las personas con discapacidad, o por infracción muy grave en materia social o medioambiental.

En relación con la protección medioambiental, se establece que los órganos de contratación podrán exigir la presentación de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que el empresario cumple determinadas normas de gestión medioambiental.

La Ley establece que las prescripciones técnicas se definirán, en la medida de lo posible, teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos, tal como son definidos estos términos en laLey 16/2002, de 1 de julio, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, y siempre que el objeto del contrato afecte o pueda afectar al medio ambiente, aplicando criterios de sostenibilidad y protección ambiental, de acuerdo con las definiciones y principios regulados en los artículos 3 y 4, respectivamente, de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

En la adjudicación de los contratos, los órganos de contratación podrán establecer preferencias para las propuestas presentadas por las empresas de inserción social o por entidades sin ánimo de lucro, en igualdad de condiciones con las que sean económicamente más ventajosas. Igualmente, se pueden establecer preferencias para entidades reconocidas como organizaciones de comercio justo cuando para los productos objeto de licitación exista esta alternativa.